Después de casi un año de debates, finalmente en el último Consejo de Ministros de la UE se alcanzó un acuerdo para reformar la OCM del vino. No ha resultado una reforma tan ambiciosa como la propuesta por la Comisión y en gran medida mantiene, al menos temporalmente, la situación anterior, mediante un compromiso que trata de contentar a todos los paí­ses. Es el caso de la chaptalización, aspecto muy sensible en los países del sur, pero prioritario para los del norte, que finalmente no se elimina, que compensa el mantenimiento temporal del régimen de destilaciones. Sin embargo, también contiene instrumentos interesantes que podrían ­contribuir a aumentar la competitividad de la producción española en los mercados internacionales.

Uno de los aspectos más polémicos y difíciles ha sido la gestión del potencial productivo, tanto en lo referente al arranque como a la liberalización de plantaciones. Las propuestas iniciales de la Comisión, basadas en lograr el equilibrio del mercado a través un arranque indiferenciado y posterior liberalización de las plantaciones, planteaban serias dudas sobre su eficacia y muchos eran los que auguraban la reaparición de excedentes a medio plazo. Ante ello se ha optado por un arranque de menor alcance, más dirigido y diferenciado con criterios económicos y sociales, que puede contribuir a facilitar la salida del sector de viticultores en dificultades, pero cuyos efectos en el mercado serán, necesariamente, limitados. En cuanto a los derechos de plantaciones, se ha acordado su liberalización a partir de 2015, con posibilidad de ampliar el plazo hasta 2018.

Queda por ver cómo se desarrollará la posibilidad de que las denominaciones de origen, puedan de alguna forma establecer controles de producción en su territorio. Esta liberalización puede tener efectos significativos sobre el sector. A corto plazo, una disminución progresiva del valor de los derechos de plantación, que puede contribuir a dinamizar el mercado y a facilitar la movilidad de derechos. A medio plazo, los efectos pueden ser mayores. La liberalización de plantaciones puede contribuir a la creación de empresas fuertes, particularmente en el segmento de vinos sin indicación geográfica de precios medios, que puedan competir en los mercados exteriores. Los riesgos son la deslocalización del viñedo, la aparición de excedentes y la generación de tensiones en los vinos con indicación geográfica. Habrá que estar atentos a la evolución de los mercados, pero en tiempos de liberalización de los intercambios y de eliminación de la protección en frontera, el mantenimiento de controles internos de la producción genera dificultades e impide la necesaria adaptación a las nuevas condiciones del mercado.

Dos modelos
La modificación de las reglas del etiquetado permitiendo la utilización de variedad y añada en los vinos sin indicación geográfica también pretende contribuir a apoyar a este último sector en su lucha por abrirse camino en los mercados exteriores. De nuevo, los intereses de los vinos con indicación geográfica pueden verse afectados en la medida en que puede transmitirse al consumidor una imagen de calidad alejada del “modelo de producción vitivinícola europeo” que basa la calidad del vino en su relación con el territorio en contraposición con el “modelo de producción industrial” que, basado en la variedad, tan buenos resultados ha dado a los nuevos países productores, y que esta por ver tenga el mismo futuro en Europa. Por otra parte, la defensa de un “modelo” y de la calidad de sus productos no debe basarse en el establecimiento de derechos de producción y barreras a la entrada, que generan ­ineficiencias y rigideces, sino en la gestión colectiva de la producción, la modernización e innovación sectorial y el aumento de la competitividad empresarial. Sin embargo, la coexistencia de los dos modelos puede generar tensiones en el mercado aún imprevisibles y a las que habrá que prestar atención.

Otras medidas aprobadas tratan de facilitar la transición hacia un sistema de intervención más dirigido a aumentar la competitividad. En lugar de eliminar las destilaciones desde el primer momento se ha optado por ir reduciéndolas progresivamente. Se podrá, a discreción de los Estados Miembros y con cargo a los sobres nacionales con techos financieros, mantener bajo ciertas condiciones la destilación de crisis y la de subproductos. Pero también, lo que es más importante para nuestro país, se establece la posibilidad de conceder ayudas a la destilación de alcohol de usos de boca, de forma transitoria, que posteriormente se incorporarían al régimen del pago único. Teniendo en cuenta la importancia de esta salida para algunas regiones españolas, lo aprobado puede contribuir a conseguir una reconversión no traumática.

Novedades
Como instrumentos más novedosos de la reforma quedan las medidas susceptibles de ser financiadas con los sobres nacionales y la transferencia de recursos a medidas de desarrollo rural a realizarse en regiones vitícolas, aunque en cantidades inferiores a las propuestas por la Comisión. Entre las primeras, las más significativas son la promoción en terceros países, la reestructuración y reconversión del viñedo y la modernización de la cadena productiva. Todas ellas importantes y necesarias, aunque limitadas por los sobres nacionales. Su financiación tendrá que competir, en parte, con la de las ayudas a la destilación y someterse a la pelea por el reparto entre las Comunidades Autónomas y a los distintos criterios de éstas en el establecimiento de prioridades regionales. Similar análisis cabe hacer de las medidas de desarrollo rural, entre las que podrían incluirse ayudas a la mejora de la comercialización o al apoyo a las organizaciones de productores, que podrían tener un impacto significativo en la modernización del sector cooperativo. En este caso, además, se plantea la necesidad de cofinanciación, nacional y regional, lo que podría limitar su alcance.

Otras opiniones

La FEV aseguró que la industria acoge con “moderado optimismo” la reforma, ya que los Estados miembros “han empeorado” el texto inicial de Bruselas, que era óptimo para mantener el régimen de ayudas parecido al anterior. Aun así, la FEV afirmó que la nueva OCM favorecerá la competitividad de los vinos europeos si se aplica correctamente. Como aspectos positivos, destacaron tres características principales. En primer lugar, una mayor flexibilidad en el etiquetado de los vinos, que permitirá indicar la variedad de uva y la añada de producción en todos los vinos que puedan demostrarlo. En segundo lugar, valoran el anuncio formal de libertad de plantaciones a partir del 2015 que, si bien retrasa la fecha hasta ahora prevista de 2010, aportará una mayor flexibilidad, respetando ciertas restricciones en DO. Como tercer punto positivo se encuentra la posibilidad de dedicar fondos importantes a la promoción. No obstante, el secretario general de la FEV, Pau Roca, apostilló que la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, ha centrado la prioridad de sus negociaciones en el mantenimiento del apoyo presupuestario, y ha cedido al permitir que se mantenga la chaptalización.

Organizaciones agrarias
Distintas visiones mantienen las principales organizaciones agrarias sobre la reforma del vino, aunque todas han coincidido en dos puntos: por una parte, han reconocido que ha habido mejoras sobre la propuesta inicial de la Comisión Europea y lamentaron el mantenimiento de la chaptalización.

En definitiva, los diferentes implicados en el sector vitivinícola ven la reforma desde su prisma particular. Sin embargo, no se aprecia una oposición tajante al conjunto del nuevo acuerdo aprobado por Bruselas.

UPA fue la más optimista y aseguró que España ha sido uno de los países “más beneficiados”, tanto en el presupuesto (420 millones de euros de fondos al año) como en el aspecto reglamentario. Destacó que el acuerdo es de gran importancia a corto y medio plazo, así como la importancia del alto grado de autonomía que se deja a los Estados miembros. La organización subrayó como positivas las ayudas transitorias a la destilación, la limitación del arranque a 175.000 hectáreas, la reducción de los fondos destinados a desarrollo rural o el incremento de medidas que se pueden financiar con los sobres nacionales.

Por otro lado, COAG aseguró que se ha hecho una reforma pensada exclusivamente para los grandes grupos industriales vitivinícolas y no para los pequeños viticultores.